Nos hacemos eco del manifiesto firmado durante las pasadas XXVI jornadas de la AEN en Cartagena, donde dicha asociación presentó el texto junto con la Federación en Primera Persona, Veus y la Confederación Salud Mental España. Podéis leerlo más abajo.
Su valor es innegable, y supone un cambio significativo en el posicionamiento de numerosos profesionales. Ahora bien el proceso de supresión de las medidas coercitivas en el ámbito de la salud mental debe ir definiendo pasos concretos, establecer una suerte de hoja de ruta que permita avanzar hacia el objetivo propuesto de una manera efectiva. El punto de partida queda claro: existe una sensibilización creciente sobre la vulneración de los derechos humanos de las personas diagnosticadas y hay una voluntad —todavía un tanto abstracta— de revertir esa situación. Falta concretar. Nosotros no somos quienes para llevar a cabo semejante tarea, que por definición debe ser colectiva, pero podemos tratar de aportar lo que podamos. Así que allá vamos:
* Hay que definir los elementos que hay que superar, entender qué personas e instituciones defienden la coerción y por qué (es decir, qué sacan de ello y cuál es el proceso histórico que se halla en la base de esa práctica).
* Eso implica asumir el conflicto, la confrontación, y por tanto el riesgo que siempre está asociado a él. Desafiar el statu quosupone siempre incidir en el momento vivido y abrir un horizonte de posibilidad. Y ese hacer siempre va a encontrar reacciones contrarias.
* En este sentido, los activistas que trabajamos desde nuestra condición de personas diagnosticadas por la psiquiatría tenemos mucho menos que perder —al menos en términos materiales— que los profesionales que cuestionen en su día a día todas esas prácticas que vulneran nuestros derechos humanos.
* Extender el conflicto implica la necesidad de acabar con el corporativismo. Los intereses basados en el respeto a los derechos humanos están siempre por encima de los intereses profesionales. Por esa razón, cuando un profesional y una persona que sufre psíquicamente reclaman un trato humano en determinados espacios tienen más que ver entre sí que dos profesionales de la salud mental por el mero hecho de serlo.
* Si las exigencias no se convierten en hechos, seguiremos atascados en la misma equívoca realidad que usa el lenguaje para invocar el cuidado y la violencia para garantizar que todo siga igual.
Por tanto, las exigencias deben levantarse sobre argumentos y fuerzas acumuladas. Este segundo componente es más fácil de concretar: denuncia, protesta y visibilización de una realidad que suele ser desconocida para la mayor parte de la sociedad civil. El primer componente debe convencer y arrastrar al enemigo a callejones sin salida donde si no cede, al menos demuestre su verdadera naturaleza.
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La propia realidad se encarga de imponer la necesidad de reivindicar medidas concretas, de articulación posible, más allá de las buenas intenciones. Algunas de ellas, podrían ser:
– Protocolos para la eliminación de contenciones en las unidades de hospitalización psiquiátrica (breve y prolongada). Los trabajadores de estas unidades tienen la posibilidad de crear protocolos que dirijan la atención que se presta. O dicho en otras palabras, crear un protocolo para la eliminación de la contención mecánica es una medida posible que comprometería a toda la plantilla y puede hacerse con la voluntad de los que allí trabajan. Para ello hay que establecer con precisión las necesidades que deben ser cubiertas para poder erradicar las medidas coercitivas, así como los medios necesarios para alcanzar dicho fin.
– Facilitar a los trabajadores de los servicios de salud mental formación en Derechos Humanos. Esta medida se ha demostrado eficaz en otros países para la reducción y eliminación de medidas coercitivas en la atención psiquiátrica. Todos los servicios cuentan con espacios para la formación interna ya establecidos donde podrían incluirse contenidos relacionados con el cumplimiento de los Derechos Humanos.
– Los profesionales individuales que tienen la potestad de autorizar el uso de contenciones mecánicas también tienen la potestad de no autorizarlas. Creemos que es útil y legítimo demandar que se posicionen al respecto e indiquen la puesta en marcha de otro tipo de intervenciones en situaciones que hasta ahora se resuelven atando a las personas a la cama (a veces llegando casi al automatismo).
– Si los propios trabajadores no pudieran garantizar la eliminación del empleo de medidas coercitivas que incumplen los Derechos Humanos, siempre pueden reclamarse controles judiciales sobre las mismas. Por ejemplo, que cada vez que alguien plantee atar a una persona sea necesario comunicarlo a un juez para que este determine si está justificado el uso esta medida de restricción de la libertad (en nuestra opinión nunca lo está). En algunas territorios concretos del Estado español, el simple hecho de que se tuviese que comunicar esta medida al juez redujo significativamente las contenciones mecánicas, lo que evidencia el grado de arbitrariedad y la violencia que median en el empleo cotidiano de las correas de sujeción.
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A estas alturas del texto ya habrá quien esté definiéndonos como «ingenuos», de manera que queremos continuar encarando la cuestión de los recursos. Se trata de un simple ejemplo que esperamos que sirva para dar ideas y abrir líneas de discusión.
Uno de los argumentos que salen una y otra vez a la hora de justificar el uso sistematizado de contenciones mecánicas es la falta de medios humanos y materiales. Como argumento ético es absolutamente endeble, pero tiene el doloroso peso del hecho cotidiano. Seguimos en una crisis económica, no hay dinero suficiente. Las instituciones están blindadas contra la demanda de más dotaciones. Al igual que el sector privado, es el momento oportuno para reajustar y apretar las tuercas. Sin embargo, en la salud mental se producen fenómenos específicos que pueden dar juego… sobre todo en los que tienen que ver con la medicación. Esta engulle partidas presupuestarias enteras, sobre todo con los neurolépticos más modernos (que no más eficaces, el marketing y las presiones de la industria farmacéutica han hecho un impecable trabajo). Y si bien es cierto que plantear el uso a la baja de la medicación suele desatar reacciones de espanto y terror, abrir un debate sobre el uso y la eficacia que está teniendo la medicación inyectable puede generar numerosas contradicciones, y por tanto esbozar otras posibles redistribuciones del dinero existente: como serían contratar más personal y emplear fondos en formación. Este tipo de planteamientos exige un posicionamiento sin términos medios: “Señor Doctor, ¿qué quiere usted, barra libre de Xeplión o más personal?”. También sirve como indicador del calado de la industria en los servicios.
El hecho objetivo es que se invierten cantidades obscenas en neurolépticos en vez de hacerlo en el propio cuidado de las personas. Algo que cuando se muestra con claridad a la gente genera una cantidad notable de perplejidad. En mitad de esta crisis cruel y sus recortes sanitarios, son muchos los psiquiatras que en los centros de salud mental están sugiriendo la posología inyectable alegremente, sin otro argumento que “Te será más cómodo, así no tienes que estar pendiente”. Y frente a ello, ¿qué se puede hacer?, ¿qué relación guarda ese despilfarro con el maltrato institucional?, ¿cómo podemos aprovecharlo para exigir con mayor vehemencia?
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A nuestro favor tenemos el que en última instancia nadie puede cuestionar la necesidad de cumplir con los derechos humanos. En contra tenemos la estupidez del prejuicio, la presión de la industria, la inhumanidad de las instituciones y los recortes neoliberales. Primero debemos ser reconocidos como sujetos poseedores de derechos inalienables. Después debemos tener las razones, la acumulación de fuerzas y la audacia suficientes para que se comiencen a cumplir y no haya vuelta atrás. Y ambas cosas son factibles a medio y largo plazo.
Caminemos.
MANIFIESTO DE CARTAGENA POR UNOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL RESPETUOSOS
CON LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBRES DE COERCIÓN
La reforma psiquiátrica y el desarrollo de la Salud Mental Comunitaria supusieron una apuesta porsuprimir las prácticas institucionales que vulneraban los derechos humanos y por la recuperaciónde la dignidad y derechos de las personas diagnosticadas de trastorno mental. Desde entonces, hahabido un esfuerzo continuado por ofrecer una atención respetuosa, tanto en las prácticasprofesionales como en los desarrollos legislativos y organizativos. A pesar de ello, continuamos conunos presupuestos en salud mental insuficientes, con equipos incompletos y una red fragmentada.
Esto ha dificultado el desarrollo de la atención comunitaria y ha favorecido más el uso de medidas de control y coerción en lugar de medidas terapéuticas. El abanico de la coerción en la asistencia psiquiátrica es amplio e incluye el uso del poder, la fuerza o la amenaza para lograr que una persona que está siendo atendida haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad. Nos referimos especialmente al uso de sujeciones o contenciones, aislamiento y otras formas de coacción.
Creemos que es el momento de avanzar en la toma de conciencia sobre estas prácticas que no garantizan los derechos de las personas; de trabajar para su eliminación y para la erradicación de las deficiencias que las hacen posibles.
CONSIDERAMOS
Que su erradicación es un objetivo a conseguir.
Que suponen un sufrimiento psíquico traumático, pueden romper los vínculos terapéuticos y comprometer el proceso de recuperación.
Que su uso se cuestiona en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y en el Informe sobre la Tortura en Centros Sanitarios de las Naciones Unidas.
Que el estado actual de la red asistencial no favorece la eliminación de las situaciones de coerción, invalidando los esfuerzos profesionales por evitarlas. Para conseguir el objetivo que perseguimos hay que movilizarse por obtener cambios sustantivos en los recursos en toda la red asistencial y no solo en los lugares donde se dan estas prácticas.
Que la dificultad de encontrar alternativas reales de atención puede situar a los profesionales en la polaridad entre la coerción o el abandono. Y a los usuarios, entre el sometimiento y el desamparo. Estas dicotomías envenenan las relaciones terapéuticas y las necesarias alianzas entre todos los actores.
Que más allá de los cambios individuales, hay que transformar discursos, culturas y servicios. No nos referimos solo a unas prácticas, sino también a los discursos que las sustentan y las instituciones y servicios en las que es posible que se den.
PROPONEMOS
No considerar las técnicas y servicios coercitivos como tratamientos. Son incidentes críticos que invitan al análisis y la mejora.
Exigir transparencia y establecer sistemas de registro del uso de sujeciones o contenciones, que permitan analizar qué se hace, cuando se hace, qué figuras profesionales fueron implicadas, qué se hizo para evitarlas, qué podría haberlas evitado, y especialmente cómo evitar su uso en el futuro.
Rediseñar los espacios de hospitalización y la organización de profesionales y actividades, orientándolos hacia la acogida, evitando el exceso de normas y reglas, detectando aspectos hostiles que puedan hacer que las personas puedan sentirse amenazadas y desconfiadas.
Establecer unidades con pocas camas, hogares-sala, con ambiente terapéutico y tranquilizador, que promuevan relaciones que generen confianza, en los que la gente se sienta acogida, con la existencia de habitaciones de confort y sensoriales. Dotarlas de profesionales en número, cualificación y condiciones laborales adecuadas.
Velar porque la extinción de estas prácticas en unos lugares, no suponga un riesgo de que se produzcan en otros.
Promover una cultura de trabajo orientada a la no coerción, que incluya la reflexión y debate permanente y la conciencia de responsabilidad entre los y las profesionales sobre el comportamiento ético con cada persona.
Formar a los y las profesionales en prácticas de relación terapéutica centradas en la persona.
Apoyar a los profesionales y los equipos que sean capaces de plantear alternativas creativas, reconocer y difundir sus esfuerzos, generando así una cultura profesional libre de coerción.
Crear cauces reales de participación de usuarios/as para que puedan velar por la anulación de las prácticas coercitivas en la atención, en todas sus fases: planificación, puesta en marcha, análisis y evaluación.
Buscar alianzas con los movimientos ciudadanos que aboguen por la erradicación de la coerción en otros ámbitos, de los discursos que las sustentan y las desigualdades de poder que las facilitan.
Instar el compromiso de la Administraciones sociales y sanitarias en la priorización de las inversiones necesarias en recursos que favorezcan la inclusión, pertenencia y permanencia de las personas en sus entornos, evitando así prácticas de exclusión
En Cartagena a 3 de Junio de 2016
Mikel Munarriz AEN-PSM
MªDolores Romero En Primera Persona
Edgar Vinyals VEUS
Nels A. González Confederación SM España