Audios del ciclo de charlas: Las opresiones en la psiquiatría institucional. Derechos y salud mental.

Ya pasadas las charlas de los días 21 y 28 de abril de 2018 en Madrid, os facilitamos los audios correspondientes a ambas jornadas.

Más abajo encontraréis el texto introductorio a su difusión.

Incapacitaciones y tutelas de adultos:

Ingresos forzosos:

En España una regulación lábil y algo ambigüa en el derecho sanitario —que suele otorgar un poder de autoridad, instituido pero sin apenas contestación social, a los profesionales médicos—. Dicha regulación permite a día de hoy ingresar forzosamente en hospitales o en psiquiátricos y privar de libertad sin las suficientes garantías a un usuario, incluso de manera preventiva o innecesaria, sin que además se deriven consecuencias de ello.

Parece raro que una persona con problemas crónicos de salud mental no relate haber sufrido alguno o varios ingresos involuntarios a lo largo de su vida, por lo que, más allá de la idoneidad o circunstancia de cada caso, parece pertinente plantearse algunas cuestiones sobre los derechos reales del sujeto ingresado, las posibles prácticas críticas que impliquen el menor daño individual en la práctica clínica o las experiencias de encierro por las que que atraviesa el afectado en primera persona. Asimismo, parece una buena oportunidad para debatir, en la medida de lo posible, sobre otras prácticas clínicas coactivas que aparecen de manera subordinada tales como contenciones, medicaciones forzosas, electroshocks, etc.

Esta charla está organizada y apoyada por individualidades psiquiatrizadas y tuteladas en lucha junto con los siguientes colectivos y asociaciones: Asociación de Estudiantes Noam Chomsky, Primera Vocal, Locomún, AEDAT.

Con la participación de Laura Martín López-Andrade, psiquiatra, miembro fundador de la Revolución Delirante; Ana Carralero, colectivo Locomún, presentando la campaña 0Contenciones; Alberto Barrio, superviviente de la psiquiatría y Antonio Victoria, abogado.

La asistencia letrada en los internamientos forzosos por razón de salud mental; de Daniel Amelang y Eduardo Gómez Cuadrado

No hay esperanza / Sólo hay lucha permanente /
Esa es nuestra esperanza / Esa es la primera oración /
En el lenguaje de la locura

(David Cooper. Psiquiatra. 1931-1986)

Tiene usted derecho a designar un abogado. En caso de no hacerlo, se le designará uno de oficio”. Si te han detenido alguna vez, habrás escuchado esta frase en el momento de la lectura de derechos en comisaría. Y es que siempre que la policía detiene a una persona (haya cometido un delito o no), un abogado le deberá asistir en dependencias policiales sí o sí. No es negociable. Aunque el detenido diga que no quiere que le defienda ningún abogado, se le designará uno siempre. Durante las guardias del turno de oficio, en más de una ocasión hemos llegado a comisaría y la persona detenida nos ha asegurado que no deseaba recibir la prestación de nuestros servicios. “Mala suerte. Ya estoy aquí, y además no es algo que puedas decidir tú”, dan ganas de responder.

La Ley se configuró de esta manera porque ante una situación tan extrema como es la privación de libertad (reconocida en el artículo 17 de la Constitución) de una persona, las abogadas y los abogados ejercemos de salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas detenidas. Nos aseguramos de que comprendan debidamente sus derechos, que se los traduzcan a su idioma en caso de ser extranjera, que si decide declarar lo haga de una manera libre y sin coacción alguna y si detectamos alguna irregularidad en la detención (por ejemplo, que le hayan detenido por un hecho que no es delictivo) interponemos una solicitud de habeas corpus. En muchas ocasiones se respetan sus derechos y se le informa adecuadamente de los mismos, por lo que nuestra acción se reduce meramente a estar allí, pero es necesario que lo estemos. Es la forma que tenemos de asegurarnos que todo se ajusta al protocolo.

Sólo existe una excepción a la preceptiva asistencia letrada y la encontramos en el artículo 520.8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: el detenido podrá renunciar a esta asistencia “si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico” (como, por ejemplo, la conducción etílica). Esta excepción es cuestionable, porque si un detenido se encontraba suficientemente sometido a los efectos del alcohol como para no circular al volante adecuadamente, también podría estar nublado su juicio a la hora de renunciar a que le asista una abogada o no. Será por esto por lo que el artículo añade que se le deberá facilitar “información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia” y que el “detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento”.

La lucha por reivindicar a las personas con trastornos mentales en Chile

Os dejamos con un programa televisivo chileno que merece la pena ver más allá de los condicionamientos objetivos que implica un material  producido por y para un espacio de esta naturaleza. Poco a poco ciertas posiciones van ocupando espacios hasta hace poco impensables. Gracias desde Primera Vocal a todas las personas que lucháis por nuestra dignidad colectiva al otro lado del océano.

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