“No hay esperanza / Sólo hay lucha permanente /
Esa es nuestra esperanza / Esa es la primera oración /
En el lenguaje de la locura”
(David Cooper. Psiquiatra. 1931-1986)

“Tiene usted derecho a designar un abogado. En caso de no hacerlo, se le designará uno de oficio”. Si te han detenido alguna vez, habrás escuchado esta frase en el momento de la lectura de derechos en comisaría. Y es que siempre que la policía detiene a una persona (haya cometido un delito o no), un abogado le deberá asistir en dependencias policiales sí o sí. No es negociable. Aunque el detenido diga que no quiere que le defienda ningún abogado, se le designará uno siempre. Durante las guardias del turno de oficio, en más de una ocasión hemos llegado a comisaría y la persona detenida nos ha asegurado que no deseaba recibir la prestación de nuestros servicios. “Mala suerte. Ya estoy aquí, y además no es algo que puedas decidir tú”, dan ganas de responder.

La Ley se configuró de esta manera porque ante una situación tan extrema como es la privación de libertad (reconocida en el artículo 17 de la Constitución) de una persona, las abogadas y los abogados ejercemos de salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas detenidas. Nos aseguramos de que comprendan debidamente sus derechos, que se los traduzcan a su idioma en caso de ser extranjera, que si decide declarar lo haga de una manera libre y sin coacción alguna y si detectamos alguna irregularidad en la detención (por ejemplo, que le hayan detenido por un hecho que no es delictivo) interponemos una solicitud de habeas corpus. En muchas ocasiones se respetan sus derechos y se le informa adecuadamente de los mismos, por lo que nuestra acción se reduce meramente a estar allí, pero es necesario que lo estemos. Es la forma que tenemos de asegurarnos que todo se ajusta al protocolo.

Sólo existe una excepción a la preceptiva asistencia letrada y la encontramos en el artículo 520.8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: el detenido podrá renunciar a esta asistencia “si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico” (como, por ejemplo, la conducción etílica). Esta excepción es cuestionable, porque si un detenido se encontraba suficientemente sometido a los efectos del alcohol como para no circular al volante adecuadamente, también podría estar nublado su juicio a la hora de renunciar a que le asista una abogada o no. Será por esto por lo que el artículo añade que se le deberá facilitar “información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia” y que el “detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento”.