Post Publicado en el blog Médico Crítico, de Diagonal.
«Los ciudadanos de este país no merecen, no hemos merecido los sucesivos gobernos que se han limitado a leer en los periódicos las estafas, expolios, robos y otras actividades delictivas cometidas por las compañías farmacéuticas. Estos gobiernos no han reclamado compensaciones por daños, no han aplicado sanciones, y hacen ver que no se enteran de que tienen un sistema de salud lleno de ladrones»
«Para que la auto-regulación de Farmaindustria fuese creíble, la Unidad de Supervisión Deontológica o la Comisión Deontológica de la Industria Farmacéutica órganos responsables del control del cumplimiento del Código, deberían abrir un expediente para conocer el exacto alcance de las irregularidades y garantizar a la sociedad española que la empresa ha tomado todas las medidas necesarias.
Pero eso no va a pasar.
Pero lo que sí parece necesario es que la fiscalía abra una investigación a una empresa que reconoce que sus empleados han cometido un delito de soborno.»
Desde hace tiempo, a pesar de existir el marco jurídico que regula la relación entre profesionales sanitarios e industria farmacéutica (imprescindible este post publicado en postpsiquiatría: «Límites legales en la relación entre el proefsional sanitario privado y público y la industria farmacéutica«) se ha dejado la labor de control y supervisión a la propia industria farmacéutica, que supo jugar su baza diseñando un Código de Buenas Prácticas que esgrimir como innovación en el autocontrol cada vez que alguien les acusaba de algo.
Lo cierto es que este asunto nos sitúa ante un dilema discursivo que parece no tener salida y donde se dirimen los posibles enfoques con los que abordar el problema:
- Por un lado, el énfasis en la necesidad de control por parte de las instituciones públicas y de aplicación de la legislación vigente parece dejar de lado la importancia de los valores éticos de las profesiones sanitarias que deberían considerar como inaceptable el dejarse corromper por parte de cualquier tipo de industria, empleador o agente externo al acto clínico. Esto nos dibuja un horizonte teórico deseable pero totalmente irreal en una situación que, como bien describía Joaquín Hortal en la serie de tuits que se inician en este enlace, es vivida por la mayoría de lxs médicxs como la situación normativa, de modo que actual en lo que muchxs consideramos que es lo éticamente correcto supone caminar a contracorriente y salirse del camino colectivamente aceptado.
- Por otro lado, la justificación de que lo que hace la industria es legal y que si se mueven en los márgenes de la legalidad está justificado porque son una empresa y quieren maximizar beneficios, colocar sus productos, blablabla y «no-son-una-ONG» parece exonerar al corruptor de todo tipo de responsabilidad ética.
- Por último, hay una falta notable de reconocimiento de este problema por parte de los profesionales sanitarios. Desde que uno entra en el sistema puede discurrir por él mientras la industria farmacéutica le invita a la comida de bienvenida a la especialidad, anualmente al congreso anual de la sociedad científica de turno en algún lugar de España (o con suerte a algún congreso europeo en algún otro sitio), le regalan algún libro clave de esos que cuestan 300 euros… e incluso puede ser que al terminar la especialidad te quedes currando en tu servicio con una beca de «»»investigación»»» (en la que harás mayormente trabajo clínico) y que aunque sea vehiculizada por una fundación de investigación pública en realidad tu pagador será alguna empresa farmacéutica (o relacionada). El nivel de aceptación basal de compadreo con la industria farmacéutica es elevado y poco permeable a planteamientos éticos, dado que es complejo de abordar algo tan normalizado, a pesar de que existe evidencia disponible que muestra que estas relaciones pueden no ser muy buenas para la salud de la población.
La duda es, ¿puede existir una relación de colaboración entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios sin que esta esté basada en la opacidad y las corruptelas? En una carta que escribimos Marta Carmona, Usama Bilal y y, Javier Padilla, en el British Medical Journal acerca de la interacción de médicxs e industria en torno a la formación médica continuada no nos mostrábamos muy optimistas en la posibilidad de que una existencia exista sin moverse bajo esos principios de opacidad y corrupción; sin embargo fuera la que fuera la posible relación debería enarbolar los principios de transparencia, independencia y rendición de cuentas del mismo modo que la desmercantilización de dicha relación.
Hace unos años escribimos un texto para la iniciativa APXII que tal vez serviría para enmarcar esa posible relación que, desde luego, dista de ser la norma aún a día de hoy:
En resumen, es necesario que la transparencia permeabilice nuestras relaciones con la industria farmacéutica; hay que transformar los espacios actualmente reservados a la “visita médica” en tiempo para dedicar a la formación, docencia e investigación, fomentando, por encima de todo, una actitud crítica e independiente en nuestro trabajo diario. Cambiar la práctica clínica es una tarea difícil, y mejorar los hábitos de prescripción, un reto; pero aprender a hacer las cosas bien desde el principio, es algo que debería estar en nuestras manos.
En ocasiones la mejor forma de generar sinergias (palabra de moda) es dedicarse a lo que uno mejor sabe hacer: la industria farmacéutica a diseñar, fabricar y comercializar fármacos innovadores frente a los mayores problemas de salud de la población; los médicos a tratar de mejorar la salud de su población mediante una buena práctica clínica empática basada en una formación crítica e independiente.
Las relaciones de la industria farmacéutica con lxs médicxs no son iguales ahora que hace 30 años. Cierto.
La industria farmacéutica pone cada vez más hincapié en ejercer la captura del regulador y menos en influir sobre el prescriptor.
La industria farmacéutica sigue manteniendo sus estrategias de fomento, diseño, incentivación y posicionamiento de Líderes de Opinión que transmitan su mensaje a comités de expertos y otros ámbitos de toma de decisiones.
Y ninguna de estas cosas se podrá cambiar si no hay una implicación potente por parte de las instituciones de ocupar el lugar que les compete y dibujar un escenario de poder en el que sean algo más que una figura de cartón institucional que deja a la empresa hacer a su gusto mientras le abre las puertas de la financiación pública de sus productos.