Los tratamientos forzosos en salud mental de nuevo a debate

En 2006 se presentó en el Parlamento español una propuesta de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular los tratamientos no voluntarios de las personas con trastornos psíquicos que finalmente fue rechazada. Desde entonces, se ha intentado legalizar este tipo de tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) cada dos años, ya fuera en forma de protocolo o como reforma de ley. Dichos tratamientos no voluntarios pretenden asegurar el cumplimiento terapéutico en pacientes que sufren una enfermedad mental grave. Los partidarios de la aprobación de estos protocolos se apoyan tanto en las campañas de alarma social que se generan desde los medios de comunicación, como en la calidad de la atención a las personas diagnosticadas (evitar ingresos y recaídas).

A finales del año pasado, durante la presentación de Xeplión, un nuevo neuroléptico (antipsicótico), el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Jerónimo Saiz, abogó por la necesidad imperiosa de legislar dichos tratamientos forzosos para aquellas personas con un diagnóstico de trastorno mental grave. Pero, ¿qué hay detrás de estos conatos para judicializar los tratamientos?

“Esta medida tiene un origen económico (…), el supuesto ahorro en recursos asistenciales y el interés de la industria”

Según el psiquiatra y secretario de La Comisión de Ética de la Fundación Congreso Catalán de Salud Mental, Jordi Marfà, “la atracción hacia estas medidas tiene un origen económico más que legislativo. Las veces que hemos hablado de este tema con distintos legisladores se han mostrado abiertos en general a las razones científicas y éticas. Por tanto, nos queda la causa económica. Por una parte, el presunto ahorro en recursos asistenciales, supuesto que es totalmente erróneo. Por otra, el interés de la industria farmacéutica. No hay que olvidar que la última declaración técnica favorable al TAI se hizo en la presentación de un nuevo fármaco”.

Ante las comentadas declaraciones de Saiz a favor de legislar los tratamientos forzosos, las reacciones de rechazo de los distintos colectivos y asociaciones vinculados al mundo de la salud mental no se hicieron esperar. José María Sánchez Monge, presidente de la Federación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), consideró “muy preocupante” que se realizaran este tipo de aseveraciones desde ciertos sectores de la psiquiatría y recordó que “en muchas ocasiones se culpa al propio afectado de la no adherencia al tratamiento, cuando en realidad se trata de un problema de atención por falta de recursos comunitarios”. Para Sánchez Monge, “la principal medida para garantizar el tratamiento es el desarrollo de unidades de salud mental completas, como establece la Estrategia del Sistema Nacional de Salud”.

Recursos comunitarios

Existen estudios, como el realizado por el Instituto Cochrane, que concluyen que el TAI no significa una mejora en la calidad de vida de los pacientes psiquiátricos ni una mejor evolución de su trastorno. ¿Hacia dónde, por tanto, deberían caminar las políticas en salud mental con el fin de mejorar el pronóstico de dichos trastornos? Para Marfà, el camino ha de tender hacia “proveer los recursos comunitarios precisos para cada patología y situación vital. No hay otra opción, aunque pueda presentar distintos nombres: programa comunitario estilo nórdico, tratamiento asertivo comunitario u otro tipo de programas que tienen en común la provisión de recursos psicoterapéuticos, farmacológicos, y comunitarios, como alojamiento, integración laboral, etc.”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, María Fe Bravo Ortiz, tampoco duda a la hora de mostrar su desacuerdo con el TAI, al que considera un peligro por el retroceso legal y la restricción de derechos que supone, en lugar de reforzar como eje fundamental del tratamiento la alianza terapéutica (un acuerdo entre paciente y terapeuta sobre los objetivos de la psicoterapia basado en una relación de confianza y respeto mutuo). A su vez, Bravo considera que todo esto no es más que un intento de “distraer la atención sobre lo fundamental para implicar en su tratamiento a las personas con trastornos mentales graves: la disponibilidad de servicios y equipos de tratamiento que trabajen asertivamente en la comunidad, además del trabajo de la alianza terapéutica”.

Estamos por tanto ante un problema económico e ideológico, donde las víctimas potenciales son aquellas personas que han sido diagnosticadas de algún trastorno mental. Marfà recuerda que “existe un porcentaje de profesionales, como en todos los ámbitos, a los que les importa un bledo los derechos humanos en general”. Para este psiquiatra especializado en cuestiones éticas sobre salud mental, en el caso de los profesionales que defienden los tratamientos forzosos el problema básico es la ignorancia, desde una doble perspectiva: “La ignorancia general, es decir, no saber cómo y por qué deben ser respetados los derechos humanos en todas las personas; véase la Convención de Nueva York sobre discapacidad, refrendada por España y la Unión Europea. Y también la ignorancia técnica o la falta de formación, pues todo tratamiento que no respete escrupulosamente los derechos humanos del paciente psiquiátrico no puede ser terapéutico”.