Se trata de la Colonia Alborada, como se conoce al área de salud mental del Hospital Regional Ceballos, en Bell Ville, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Montero visitó el lugar y quedó aterrorizada: «Es el túnel del horror, algo abominable e impensable desde la razón. La imagen que se me venía era la de los campos de concentración: no exagero, esto es lo que vi en Bell Ville», afirmó la legisladora.
Por su parte, Nayi describió las salas de contención del hospital como «celdas con muros malolientes, donde los internos orinan y defecan en el piso y se ve a pacientes desnudos y mujeres rapadas». Las fotografías que tomaron, y que publicó el diario local ‘La Voz del Interior’, dan cuenta del resto.
Nayi considera probable que se haya cometido el delito de «abandono de persona y violación a los deberes de funcionario público», y tal acusación apunta incluso al gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, así como al ex mandatario Juan Schiaretti, al ministro de Salud, Carlos Simón, y otros responsables de las áreas de justicia y salud mental. También se incluyó en la denuncia a altos funcionarios del ámbito judicial, por no haber detenido esta situación cuando, hace meses, se interpuso la primera denuncia.
La Colonia Alborada alberga a 267 internos, 104 de los cuales han pasado por la justicia; 35 tienen causas penales por delitos graves, como homicidios o abuso sexual; esto es, se considera que representan un peligro para sí mismos y para terceros. Según explicó Montero, si la Organización Mundial de la Salud recomienda un ratio de una enfermera por cada paciente, en la Alborada ese ratio se dispara a una enfermera por cada 26 internos.
El director del Hospital Regional Ceballos, Guillermo Tomás, que se encuentra entre los denunciados, reconoció tras el escándalo que supuso la denuncia que el edificio se encontraba en «malas condiciones». No le quedaba otro remedio: las imágenes hablan por sí mismas. Pero Tomás apenas reconoció carencias en el aspecto edilicio; para él, «la situación no es urgente en cuanto a la salud». Nada dijo de la falta de personal.
Y ésta es urgente. Una de las sugerencias de los denunciantes es la derivación inmediata de los pacientes judicializados a otro tipo de centro, pues, según relataron, estaban protagonizando agresiones contra otros pacientes o los propios trabajadores, una situación que se sostiene ante la falta de medios en el lugar.
Actitud de indiferencia
Nayi explicó que la primera denuncia se interpuso el pasado octubre, cuando la situación no era todavía tan grave, pero desde entonces, «lejos de tomar las medidas necesarias, se asumió una actitud de indiferencia» que posibilitó las violaciones de derechos humanos que desde entonces no han dejado de agravarse, según los denuncinates.
No era tampoco la primera llamada de atención. A mediados del año pasado, el juez Nereo Maggi remitió al Tribunal Superior de Justicia una nota contundente en que definía así las condiciones en Colonia Alborada: «El deterioro, la desidia, la higiene y el abandono generalizado de todo el lugar, además de erigirse en sobrecogedoras imágenes, permiten reflexionar sobre cuáles son las políticas sanitarias del Estado; entre ellas, las psiquiátricas, que parece que poco o nada interesan».