Desde Primera Vocal intentamos no repetir contenidos de otras páginas web que hayan sido publicados de manera reciente, pero este caso es tan jodido que nos vemos obligadas a hacer una excepción. Noticias como la que protagoniza el siguiente texto, redactado por Locomún para Locura, comunidad y derechos humanos / Mad in America para el mundo hispanohablante, evidencian que hasta el momento las personas con un diagnóstico psiquiátrico somos ciudadanos de segunda categoría. Así de sencillo. Y no vamos a callarnos. No podemos hacerlo.
El 28 de febrero (2017) leíamos consternados en prensa la noticia de la muerte de un psiquiatra acusado de abusar de varias de sus pacientes en un centro de salud mental situado en la ciudad de Alcalá de Henares (Madrid).
Desde entonces hemos aguardado pacientemente alguna reacción institucional, de las asociaciones de profesionales, de los responsables políticos… pero no hemos sido más que testigos de un estruendoso silencio. Nadie ha hablado, ni los responsables de salud mental de Alcalá, ni de la Comunidad de Madrid, ni el Colegio de Médicos… nadie ha abierto la boca.
No hemos redactado este texto para especular sobre los hechos, y mucho menos para plantear ninguna cuestión de índole periodística. Disponemos tan solo de los datos que nos han llegado por la prensa, pero entendemos que son suficientes para alarmarse (sí, el verbo está cuidadosamente elegido) y exigir las aclaraciones pertinentes.
Entendemos que haya quienes se centren en el hecho terrible que supone el suicidio de este doctor, pero nosotros decidimos pensar en las víctimas de esta historia, quienes hasta el momento parecen ser las grandes olvidadas. Necesitamos compartir la rabia y la inquietud que nos generó esta noticia y la omisión de información que le ha seguido. Hemos esperado un tiempo más que prudente para hacerlo. Estos son los puntos básicos que consideramos cruciales abordar:
1) Apremiar a que se den explicaciones públicas sobre las acusaciones de acoso existentes y se pida perdón a las posibles víctimas. El hecho de que en un dispositivo dedicado al cuidado se vulnere la intimidad y la dignidad de las pacientes hace volar por los aires cualquier pacto de confianza, lo mínimo que se puede demandar es que haya algún esfuerzo por restituirlo. Sin embargo, hasta el momento parece que los pacientes psiquiátricos no merecen esa deferencia.
2) Plantear de manera colectiva y a nivel Estatal las siguientes preguntas: ¿qué ha fallado para se pueda dar un caso como este?, ¿qué puede estar fallando en otros dispositivos?, ¿qué mecanismos hay que poner en juego para que este caso no pueda darse jamás en el futuro dentro del marco de la atención pública?
En aras de la transparencia deberían existir documentos públicos y accesibles donde poder saber qué se hace en materia de prevención del abuso sexual en el campo de la salud mental. A día de hoy hay una gran opacidad. Ponemos un ejemplo al azar: ¿qué hace la administración de un recurso si conoce que un profesional ha tenido relaciones con un paciente?, ¿qué acontece tras constatarse dicha realidad?
3) Tras lo cual, es completamente necesario llevar dichas preguntas al terreno donde se pone en juego la vulnerabilidad día a día: las consultas y unidades de atención. Dado que la atención en salud mental es un contexto donde se produce un agravado desequilibrio de poder entre paciente y profesional, a lo que se suma una exposición de la biografía y emociones del primero, y por tanto es propicio para que haya un posible abuso: ¿qué instrumentos existen actualmente para prevenirlo? Creemos necesario definir al menos las siguientes cuestiones:
– Que existan mecanismos supervisión que garanticen la seguridad de los pacientes.
– Que haya herramientas reales para que los trabajadores que sean testigos de algún comportamiento que vulnere su seguridad puedan vehicular una protesta sin poner en juego su puesto de trabajo. Que sepa dónde, cómo y qué respuesta va a recibir.
– Que otro tanto suceda con los pacientes, sin que se expongan a posibles represalias. Todo indica que nadie parece plantearse la situación de indefensión que se produce cuando quien puede abusar de ti tiene la capacidad para ordenar un ingreso involuntario o revisar una pensión por enfermedad mental.
4) Finalmente, y aunque nos cueste escribir estas líneas, la salud mental goza de un grado inverosímil de excepcionalidad que hace necesario:
– Que quede claro que por encima de cualquier interés gremial se encuentra el cuidado y la atención al paciente. Es decir, que dicha declaración de principio sea real y por tanto pueda ser percibida como tal.
– Que se articulen estrategias para la prevención de la violencia de género dentro de los distintos dispositivos de atención a la salud mental (centros de salud mental, las unidades hospitalarias, la residencias, etc.)
Desde el colectivo Locomún queremos mandar todo nuestro afecto a las personas que hayan podido ser heridas en un contexto de atención psiquiátrica, así como hacer un llamamiento para erradicar el abuso de poder en dichos espacios. Desgraciadamente entendemos que cualquier otra actitud supone un menoscabo de los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos.