La base del siguiente escrito, aquí más desarrollada, la elaboré en febrero de 2009 para las páginas web:
conlosninosnosejuega.wordpress.com
A su vez, una versión en catalán más reducida se ha publicado en el “Setmanari de Comunicació: Directa. Nº 129- 4/3/2009”. Se trata de una aportación a la actividad de denuncia de malos tratos institucionales en centros para menores, llevada a cabo, entre otras muchas gentes, de forma muy dinámica e imaginativa en los últimos meses por la Asamblea contra los centros cerrados de menores desde Madrid. Actividad que ha provocado la intervención al respecto del Defensor del Pueblo y que se hagan públicas en la prensa, radios y televisiones, situaciones escandalosas en algunos centros cerrados y semi-cerrados para adolescentes, abriéndose un debate sobre la red de atención a la infancia. El texto intenta, como se verá, profundizar sobre la tesis de que es, en general, la actual estructura de atención a la infancia en desamparo en España y, más en concreto, la pervivencia del hospicio convertido en un negocio, la matriz de los malos tratos a los menores tutelados por el estado.
Estos últimos meses los medios de formación de masas, tras la intervención del Defensor del Pueblo, han hecho públicas situaciones de escándalo, por malos tratos con golpes y vejaciones, en los centros para menores en situación de desamparo y con “problemas de conducta”. Centros cerrados o semi-cerrados para adolescentes llamados, paradójicamente, “centros terapéuticos”.
Cabe decir, que esto era algo conocido por muchos profesionales y obviamente por los menores, sus amigos y las gentes que los apoyan, habiendo sido denunciado desde hace ya muchos años. Y es necesario constatar, a su vez, que las administraciones hasta hoy no habían reaccionado. ¿Tal vez porqué los niños y niñas y adolescentes que están en los centros de menores no votan y, en general, sus familias, etiquetadas de marginales y desestructuradas, tampoco suelen hacerlo?
Ahora que algo se ha destapado, que se ha logrado, pues, romper el silencio, es lógico estar satisfechos por ello, ya que se trata de una victoria importante: Al hacer visible el problema. Y una victoria conseguida por la acumulación de años de lucha por parte de muchas personas y últimamente por el dinamismo e imaginación en sus acciones de la Asamblea contra los centros cerrados de menores, en Madrid, entre otras gentes (*1).
Pero sería preocupante que todo terminara con tan sólo poner fin temporal a las prácticas mas escandalosas (golpes, salas de aislamiento siniestras, vejaciones y castigos salvajes…) y con expedientar, para, valga la redundancia, cubrir el expediente, a alguna entidad claramente impresentable. Centrándose la repulsa exclusivamente en algunos de los centros “especiales” y no extendiéndose en general a todos los centros de menores, incluidos los residenciales abiertos.
Es decir, en este momento es importante insistir en señalar que la situación de malos tratos no sólo se produce en los centros cerrados o semi-cerrados, sino, en general, en todos los centros de menores. En todos, dije y mido bien lo que escribo. Malos tratos en ocasiones con formas menos espectaculares que las que han salido a la luz estos días y que se han producido en algunos de los centros “especiales”, pero malos tratos que afectan también en profundidad y con la potencialidad de dejar, al igual que los golpes y vejaciones, secuelas.
En efecto, actualmente en España en los diversos tipos de centros residenciales para menores existentes mal viven entre 8.000 y 14.000 niños, niñas y adolescentes de los aproximadamente entre 30.000 y 40.000 que están bajo la tutela del estado (*2). Estos centros forman parte de la estructura de atención a la infancia en situación de desamparo en nuestro país. Y se trata de una estructura obsoleta y de mal trato, dado que mantiene la existencia del hospicio- los centros residenciales para menores- y además lo hace como el principal recurso a ofrecer a los niños, niñas y adolescentes que, por decisión administrativa y/o judicial, se considera que no pueden vivir con su familia de origen ni con la extensa (*3).
Produciendo entonces, la persistencia del hospicio- los centros residenciales para menores- en efecto, un maltrato profundo y permanente al posibilitar la aparición del síndrome de hospitalización, también llamado al tratarse de personas que han pasado por orfanatos y hospicios, síndrome de carencia afectiva y síndrome del niño post-institucionalizado: Es conocido por los profesionales de ayuda a la infancia que la vida durante más de un año de un menor en una institución del tipo centro residencial; aunque no sea un centro cerrado y no hayan malos tratos espectaculares, es decir, por el sólo hecho de la forma de vida institucionalizada; le puede producir con mucha probabilidad daños de larga duración y en ocasiones irreversibles: Baja auto-estima, ansiedad y depresión crónicas, estrés, mayor riesgo que la media de conductas hiperactivas, problemas graves para la socialización… (*4).
La vida en un centro residencial para menores está marcada por los siguientes factores claramente iatrogénicos, es decir, que pretendiéndose de intervención de ayuda (curativos) producen, en cambio, patología (*5):
– Los referentes de los menores cambian continuamente- al ser educadores contratados laboralmente y su presencia estar marcada por turnos, soliendo, además, desaparecer del todo con bastante facilidad al cambiar de lugar de trabajo- impidiendo la creación de vínculos afectivos duraderos y sólidos que son básicos para el crecimiento de los niños y adolescentes.
– La disciplina, en general, es mantenida de forma cuartelera pues el hecho de vivir 15 o 20 niños y adolescentes juntos y proviniendo de diferentes núcleos familiares hace tender a ello. Dado que los vínculos afectivos son débiles entre cuidadores y menores, que estos últimos se sienten agraviados, por haber sido separados de sus hogares de origen donde, además, tal vez recibieron malos tratos y que pueden, en muchos casos, manifestar por ello conductas difíciles, se tienden a utilizar con profusión los castigos y lo normativo como la base de la contención. Por otro lado, la supervisión de los menores se realiza con anotaciones diarias informatizadas, planes “educativos” formales…, es decir, con un control totalizador, lejos de la educación informal y espontanea que rige en las comunidades naturales de vida. Control totalizador generador de, cuando menos, desconfianza e ideas de persecución.
– Los niños, niñas y adolescentes que están en los centros de menores suelen ser medicalizados y psicologizados, es decir, el hecho de vivir en un centro los lleva a la terapia psicológica para todos y a ser psiquiatrizados y a la toma de psicofármacos con mucha facilidad.
– Al hecho diferencial, con respecto a la mayoría de los niños, niñas y adolescentes, de no vivir con sus familias se le suma, en el caso de los menores que viven en centros residenciales, la etiqueta de vivir en un hospicio como factor de estigma social.
A pesar del conocimiento de todo ello, desgraciadamente y como dije, en España se mantiene el hospicio- los centros residenciales para menores- en contradicción con otros lugares en Europa donde eso ya no se hace. Y no se recurre, como eje central de la intervención de ayuda a los menores que no pueden vivir ni con su familia de origen ni con ningún núcleo de la extensa, a opciones más saludables que el hospicio, como, por ejemplo, las familias acogedoras ajenas e, incluso, las familias acogedoras profesionales en casos de menores con conductas realmente difíciles. En nuestro país la opción de las familias acogedoras ajenas no esta potenciada y se las mantiene como un recurso marginal sin casi medios, mientras la figura de la familia acogedora profesional no esta ni siquiera contemplada (*6).
Un dato importante a tener en cuenta es que los centros residenciales de menores, tanto los cerrados, los semi-cerrados, como los abiertos, se han convertido en un negocio. Como es sabido, más del 90% de dichos centros están privatizados y en manos de fundaciones, cooperativas y asociaciones de todo tipo. Y este es un negocio muy lucrativo desde hace unos años: Por ejemplo, en un centro de menores en el que trabajé por un tiempo breve hace menos de dos años en Gerona, un centro residencial abierto, la “cooperativa” que lo regentaba recibía de la administración más de mil euros semanales por cada menor, tenía 16 a su cargo, los educadores/as, que trabajaban con ratios de 6-7 menores/ 1 profesional, eran, claro está, mileuristas– cobraban un salario de unos mil euros mensuales tan sólo – los socios de la “cooperativa” en cuestión obviamente no eran mileuristas (*7).
Y es que hacer desaparecer los centros de menores y vertebrar la atención a los menores en situación de desamparo que, por las razones que sean, no pueden vivir con su familia de origen, con el recurso del acogimiento, en primer lugar en la familia extensa y cuando esto no es posible optando por las familias ajenas acogedoras o las familias profesionales acogedoras, sería más económico incluso que la actual política que se sigue de mantener los centros residenciales para menores. Entonces, es lícito plantearse: ¿A qué es debida la pervivencia del hospicio si, ni educativamente, ni, en cuanto a gastos, esta justificada?: Todo hace pensar que el factor más importante pero inconfesable para la pervivencia del hospicio moderno es la profunda relación de la administración con un sinfín de empresas, unas más grandes y otras más pequeñas, que hacen de la infancia en desamparo su modus vivendi. Con casi toda probabilidad lo que está imposibilitando acabar con el mal trato actual a los menores tutelados por el estado que implica la persistencia del hospicio, es que el “cuidado” de la infancia en desamparo se ha convertido en un negocio.
En definitiva y para finalizar: Con estas reflexiones lo que he querido señalar es la necesidad de crear corriente de opinión no sólo contra la existencia de los centros para menores “especiales”, los llamados “terapéuticos”, cerrados o semi-cerrados, sino contra la persistencia del hospicio en general y sobre la urgencia y posibilidad de su destrucción total.
Post Scriptum:
Parece ser que finalmente el debate social sobre el tratamiento a la infancia en desamparo en nuestro país podría llegar a ser profundo y se empieza, efectivamente, a poner en cuestión el hospicio. Leo en la prensa , el 23 de marzo de este 2009, que el senado tiene previsto abordar, previos informes de “expertos”, la situación de la política de atención a la infancia desamparada y que se alzan voces, entre esos “expertos”, contra la pervivencia de los centros residenciales para menores.
Algo me preocupa, de todos modos, en las noticias que al respecto se han empezado a publicar, concretamente tres cuestiones: 1) Que el poner en cuestión los centros residenciales para menores- el hospicio- se haga sosteniendo una posición de sí mantener, de todos modos, algunos, pocos, centros “especiales” para los menores que no pueden vivir ni con sus familias de origen, ni con la extensa y que tienen ya una cierta edad – que son adolescentes- o/y que manifiestan problemas conductuales serios. Esto no estaría justificado, pues con familias acogedoras profesionales tal sector de menores podría ser atendido. 2) Que en lugar de hacer que el eje esencial de la política de atención a la infancia en desamparo sea el acogimiento- en primer lugar en familia extensa- se pase, en cambio, a una política de desarrollar las adopciones nacionales actualmente bajo mínimos. Esto tampoco estaría justificado, pues la adopción implica desafiliar, lo que no parece necesario para amparar, mientras el acogimiento no desafilia, en efecto, sólo ampara y – el acogimiento- deja abierta la posibilidad a que la familia de origen solucione con el tiempo y apoyo social sus problemas y/o que sea el menor, cuando crezca, el que tome las decisiones sobre su afiliación. 3) Que no se entre de lleno a valorar la responsabilidad que en el mantenimiento de los centros residenciales para menores hasta hoy, y en el maltrato que generan, tiene la actual privatización de los recursos para los menores en situación de desamparo y el conjunto de las asociaciones, fundaciones, cooperativas…que han hecho del hospicio su negocio. Es decir, que se haga un cambio de política que ya no sitúe el hospicio en el centro, por impresentable, pero que se dejen los nuevos recursos- por ejemplo, la atención a las familias acogedoras y la gestión de las redes de las posibles familias acogedoras profesionales- en manos de lo privado. Con lo que no se garantizaría la desaparición del mal trato, pues el negocio con menores lo es de por sí.
NOTAS:
(*1): Efectivamente, desde hace bastantes años, en algunos casos una veintena, diferentes gentes y colectivos y desde diferentes posiciones, han denunciado el mal trato que reciben los menores en situación de tutela en los centros residenciales. Gentes como Enrique Reguera y los editores del boletín Canijín, los miembros la Coordinadora de barrios y últimamente, como dije, la Asamblea contra los centros cerrados de menores, en Madrid; la Colla Xicalla y el Colectiu de joves: La Coma, en Valencia; el Colectiu Txinorris en Cataluña; P.R.O.D.E.N.I en Andalucía; Saltando charcos en Burgos; La Tavya en Logroño, la Coordinadora de barrios en Murcia…
(*2): Algunos profesionales hablan, a fecha de hoy, de la existencia de aproximadamente 40.000 menores tutelados por las administraciones en todo el estado español y otros de unos 30.000- los datos son difíciles de conseguir, son las administraciones autonómicas quienes tienen las competencias y en muchos casos la transparencia brilla por su ausencia. Y, de esos niños, niñas y adolescentes, probablemente alrededor de un 30-35% viven en centros residenciales: Es decir, entre 8.000 y 14.000. Tratándose del grueso de los menores a los que a sus familias se les ha quitado además de la tutela la guarda del menor y se ha considerado que tampoco pueden vivir con algún núcleo o persona de su familia extensa. Ello por resolución de la administración y en algunas ocasiones también por resolución de la justicia, aunque esto último se produce pocas veces ya que la magistratura casi no interviene al respecto y sólo suele hacerlo si las familias de origen o la familia extensa lo demandan oponiéndose a la resolución de la administración, resolución que tan sólo se comunica a las fiscalías de menores. En España actualmente la estructura de atención a la infancia desamparada mantiene, en la mayoría de las comunidades autónomas, dos tipos de centros residenciales: Unos los residenciales abiertos (en Cataluña, por ejemplo- donde actualmente hay más de 2.000 menores internados en centros residenciales- hasta hoy a estos centros de tipo abierto se les llama C.R.A.E.: Centro Residencial de Acción Educativa y en cada uno de ellos pueden convivir desde diez/quince menores hasta, en algunos casos, más de una veintena). Y los otros centros, cuya cuantía es menor pero en crecimiento últimamente, los considerados “especiales” o “terapéuticos”, son los cerrados y semi-cerrados con fuertes medidas de seguridad, habiendo sido diseñados para los menores que manifiestan “problemas conductuales”, según haya resuelto la administración – sin intervención, en general y aquí tampoco, de la justicia. En estos centros “especiales” pueden convivir en algunos casos más de 20 menores ( en Cataluña, por ejemplo, a este tipo de centros cerrados y semi-cerrados hasta hoy se les llama C.R.E.I.: Centro Residencial de Educación Intensiva y, en efecto, a los menores en ellos internados no se les ha impuesto ninguna medida judicial de privación de libertad, pero y sin embargo, están encerrados con solamente la posibilidad en ocasiones de cortas salidas y muy controladas, por ejemplo, para ir a la escuela y en algunos casos la escolarización durante un tiempo indefinido se realiza en el mismo centro). En ambos tipos de centros la titularidad es de los departamentos de protección a la infancia de los diferentes gobiernos autonómicos pero la gestión está, en más del 90% de los casos, en manos privadas (fundaciones, cooperativas, asociaciones…). Existen, a su vez, los centros de justicia para menores, pero estos dependen de los departamentos de justicia, no de los organismos de atención a la infancia, y para que un menor sea internado en alguno de ellos tiene que haber cometido un delito y debe existir una resolución judicial al respecto.
(*3): Que el hospicio – los centros residenciales para menores- es actualmente en nuestro país el principal recurso que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes que, por decisión administrativa y/o judicial, se considera que no pueden vivir con su familia de origen ni con la extensa, lo muestra el siguiente dato: En Cataluña, hoy por hoy, más de 6.500 menores están tutelados por la administración, de ellos aproximadamente: El 52% siguen viviendo o con su familia de origen o con algún núcleo de su familia extensa, el 10% están viviendo con familias acogedoras ajenas, y el 38% están en residencias, es decir hospicios. Estos datos son probablemente, con algunas pequeñas variaciones, extrapolables al resto del estado.
(*4): El síndrome de hospitalización (Rene Spitz 1952) se produce en ambientes con carencia de estimulación afectiva, habiéndose detectado en los siguientes casos: Niños con enfermedades graves que son hospitalizados durante largo tiempo, niños encerrados y privados de contactos sociales y niños internados en centros residenciales. Cuando se trata de este último caso – niños internados en orfanatos y hospicios- dicho síndrome recibe también los nombres de: Síndrome de carencia afectiva y síndrome del niño post-institucionalizado.
(*5): Erving Goffman en su obra, considerada un clásico: “Internados” (1961), recogió los efectos patológicos de lo que definió como instituciones totales, que controlan la totalidad de la vida de las personas en ellas ingresadas incapacitándolas para el desarrollo de la autonomía y la relación social.
(*6): La dejadez en la que se encuentra actualmente la opción de las familias acogedoras y la primacía del hospicio se expresa, entre otros, en el siguiente dato: En Cataluña, por ejemplo, y no creo que en el resto del estado la situación sea muy diferente – en muchas comunidades autónomas debe ser peor- actualmente de cada 100 euros que se invierten para ambas opciones, aproximadamente 88 van a parar a subvencionar los hospicios- es decir, a las entidades privadas que regentan los centros residenciales para menores- mientras que sólo alrededor de 12 llegan al recurso de las familias acogedoras.
(*7):La conversión en un negocio de los hospicios se enmarca en la privatización en general de los servicios sociales. Así, por ejemplo, la ley actualmente en vigor de servicios sociales en Cataluña (“Llei 12/2007, d´11d’octubre, de Serveís Socials”) deja en su articulado explícitamente abierta la puerta a la intervención en los recursos de su red a las entidades privadas caracterizadas como “empresas mercantiles”, es decir, entidades con motivación de beneficio económico. Hasta antes de la aprobación de dicha ley las empresas que intervenían en los servicios sociales en Cataluña tenían que ser formalmente del tipo: “sin ánimo de lucro” y aunque de diferentes formas tales empresas sí se podían lucrar – hecha la ley, hecha la trampa, que dice el refrán- ahora lo tienen más fácil todavía. Se ha, pues, formalizado, lo que, con alguna excepción que siempre las hay, era ya una práctica común de las entidades privadas que intervienen en la gestión de recursos sociales: Hacer dinero con la marginación, en concreto en el tema que nos ocupa con niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo. ( Una de las formas de hacer dinero con los centros residenciales para menores hasta hoy, además de con salarios muy altos para los “directivos” y “socios” de las fundaciones, cooperativas, asociaciones…,ha sido a través de lo inmobiliario: La administración aporta dinero para la adecuación y el mantenimiento y alquiler de los locales, los de los hospicios, los inmuebles se revalorizan y se van pagando las hipotecas y al cabo de unos años los edificios en cuestión quedan en manos de las entidades)