Compartimos con todas las personas que nos leen el informe publicado recientemente sobre las condiciones de encierro que tienen lugar en «Tierras de Oria», Almería. Se trata del resultado de una visita no anunciada por parte de tres técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) durante la que se mantuvieron encuentros con el subdirector, trabajadores del centro y menores recluidos en él, con la intención de comprobar las condiciones en las que se aplican las sujeciones mecánicas.
Pese a que se trata de un documento de carácter técnico y no se profundiza en las lógicas que hacen de la contención algo normalizado en un espacio de estas características, podemos encontrar algunas conclusiones tan preocupantes como previsibles… Quizás la consideración más llamativa realizada por las personas que han elaborado el informe es la de que el recurso a las correas se emplea como castigo contra los menores; lo que invalida la habitual apelación a que la inmovilización forzosa tiene un carácter terapéutico. También puede sorprender la afirmación de que en ocasiones los menores no «estaban alterados ni violentos» antes de ser contenidos; lo que a su vez desmonta la justificación de las contenciones a partir de lo que se denomina «cuadro de agitación». Por otro lado, no existen registros adecuados de estas intervenciones y los técnicos destacan que los menores ingresados «con una medida de internamiento terapéutico en salud mental» son contenidos con mayor frecuencia. Además de las inmovilizaciones realizadas en camas, «se toma conocimiento de una práctica consistente en mantener sentado en una silla con los brazos engrilletados por detrás a los menores, custodiado por un vigilante de seguridad», una práctica realizada en una habitación específica que no queda registrada en documento alguno.
Creemos que este documento es de suma relevancia para que más allá de visibilización de la función punitiva de las contenciones mecánicas y sus consecuencias, se reflexione sobre los pasos necesarios que hay que dar en aras de lograr su abolición. Atar a las personas (en este caso, a los niños) no puede constituir jamás una estrategia de cuidado, ya que se trata de una práctica lesiva en términos físicos y psicológicos que vulnera los derechos humanos. Quien quiera profundizar al respecto, puede hacerlo en distintos artículos publicados en misma web al respecto, pero también en la campaña 0contenciones, donde encontrará no solo argumentos contra esta práctica sostenidos desde la ética y la defensa de la salud de quienes sufren psíquicamente, sino relatos en primera persona sobre la propia experiencia de ser contenida.
En cuanto al contexto que rodea al propio centro, queremos recordar que la asociación que lo gestiona se llama Ginso, y es el proyecto personal de un arquitecto empresario de la construcción (sí, un disparatado perfil profesional que a las autoridades responsables nunca ha parecido importar) que descubrió un nicho de mercado con la entrada en vigor de la Ley del Menor en 2001. Ginso tiene dos muertes a sus espaldas: Ramón Barrios en el Centro Teresa de Calculta (Madrid) en 2011 e Ilyas Tahiri en el centro protagonista del informe de esta entrada en 2019. Este último caso ha alcanzado una notable relevancia mediática, ya que inicialmente la jueza archivó el caso basándose en el protocolo de actuación en el centro, a lo que siguió un recurso de apelación de la familia, la publicación en los medios de un vídeo donde se aprecia que Ilyas no ofreció resistencia y es contenido hasta la muerte, y la actual petición de reabrir el caso por parte de la Fiscalía. Tras todo ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado a Justicia la abolición de las sujeciones mecánicas en los centros de menores.
Por nuestra parte no tenemos mucho más que decir, tan solo:
· Es jodidamente triste que tenga que haber muertos para que las instituciones responsables se planteen la terrible dimensión de las contenciones mecánicas.
· El sistema es perverso: Ginso se sigue presentando a concursos públicos y recibe fondos de la Comunidad Económica Europea, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Bienestar Social y la entidad privada Caixabank.
· La justicia es una mierda, solo así se puede justificar que una jueza califique como «muerte violenta accidental» el que cinco guardias jurados reduzcan a un menor, uno de ellos aplastándole con su rodilla la espalda y otro hundiéndole la cabeza en la almohada.
· Lo que sucede en los centros de menores con las contenciones sucede en otros espacios de reclusión. Nosotros conocemos de primera mano la generalización de esta práctica en los centros que atienden a pacientes psiquiátricos. Su abolición debería ser total. Ayudadnos a difundir la lucha que estamos llevando a cabo. Lo que no se ve ni se conoce, sencillamente no existe.
· Si este informe se ha producido menos de un año después de que en el mismo centro se muriera un chaval en una contención mecánica… ¿qué demonios es lo que hacían antes de que se les comenzara a investigar?