La historia de la atención psiquiátrica está llena de ejemplos de tratos crueles e inhumanos tales como el uso de descargas eléctricas, la inmovilización de personas mediante correas o camisas de fuerza o la extirpación de ciertas partes del cerebro. Estas costumbres, fácilmente identificables como tortura, pueden parecer al sentido común algo del pasado, y sin embargo no distan tanto de algunas de las prácticas de la psiquiatría moderna (aunque ahora se utilice anestesia para algunos de los procedimientos).
Por ejemplo, atar a las personas, generalmente a la cama, para limitar su movimiento, es algo que sigue realizándose en las unidades de hospitalización psiquiátrica, bajo los pretendidos términos neutros de contención, restricción o sujeción mecánica. Incluso ha llegado a utilizarse el de “inmovilización terapéutica” para referirse de forma aséptica a un acto tan degradante como atar con correas a alguien que está sufriendo psíquicamente. No olvidemos que es precisamente ese sufrimiento el que ha llevado a la persona a los servicios de salud mental, quizá con la esperanza de ser tratada de forma humana y ayudada en su malestar.
Esta intervención consiste en atar a las personas con correas, generalmente por sus muñecas, tobillos y tórax. Así pueden estar inmovilizadas durante horas o días, dependiendo del lugar y de las manos de los profesionales en los que haya tenido la suerte de caer. Y utilizamos la palabra “suerte” de forma deliberada, ya que en el estado español no existen normas ni leyes claras sobre por qué, cuándo y cómo es aceptable tratar de esta manera a los pacientes en los servicios de salud. Los profesionales sanitarios suelen defenderse diciendo que se ata a la gente solo como último recurso, cuando otras medidas han fracasado; sin embargo, la variabilidad en su uso entre unas regiones y otras, o incluso entre unas unidades y otras dentro de la misma región, deja claro que no es una cuestión objetiva, sino propia de cada lugar donde se aplica. Es más, en otros países de nuestro entorno, como Reino Unido o Islandia, su uso en las unidades de hospitalización está prohibido. ¿Acaso la gente con problemas de salud mental es distinta en estos países? Obviamente no. Nosotras pensamos que lo que es distinto es el número de profesionales que trabajan en los dispositivos, su formación y/o el tipo de atención que prestan.
¿Puede considerarse beneficioso para una persona atarla con correas? Aunque parezca mentira, hay muchos profesionales que así lo defienden. Suponemos que nunca se han encontrado ellos mismos en un estado de gran angustia, miedo o nerviosismo, y en lugar de ser escuchados y tratados como seres humanos, han sido amarrados a una cama durante horas o días, sin poder moverse, ir al cuarto de baño o siquiera rascarse. Cualquier persona podrá imaginarse que esto no sirve para aliviar la angustia, el miedo o el nerviosismo de nadie, sino más bien al contrario. Algunas compañeras harían todo lo posible por evitar un ingreso, precisamente por el miedo que les produce la posibilidad de ser sometidas a estos “tratamientos”. Por algo la Asamblea General de Naciones Unidas ha advertido que estas prácticas pueden ser consideradas un método de tortura, y que además favorecen la aplicación de otras intervenciones no consentidas, tales como la medicación o el electroshock forzosos.
Aunque grande, el daño que producen las contenciones no es solamente emocional. También existe un importante riesgo físico que llega incluso al peligro de muerte. La persona puede sufrir golpes o luxaciones mientras la reducen (y más si trata de resistirse). Y una vez atada puede sufrir graves daños como atragantamientos, lesiones musculares, asfixia o una falta de oxígeno en zonas vitales como los pulmones, el corazón o el cerebro, a causa de un coágulo producido por la inmovilización (lo que se llama tromboembolismo venoso) y que puede llevar a la muerte. Aunque los datos sobre las muertes producidas por contención mecánica en los hospitales de nuestro estado permanecen ocultos, no son excepcionales, ni en las unidades de psiquiatría ni en otras instituciones donde también se ata a las personas en situación de especial vulnerabilidad, como son las residencias de ancianos o los centros de menores (recordamos aquí la muerte del adolescente Ramón Barrios, uno de los pocos casos en nuestro país que ha trascendido a los medios de comunicación gracias a la lucha de familiares, amigos y activistas).
Como hemos señalado, y aunque suele creerse que los profesionales solo utilizan la contención mecánica como último recurso, atar a las personas es algo al alcance de la mano en todas las unidades de psiquiatría en el territorio español, es uno de los recursos posibles que existen. Esto es en nuestra opinión lo que lo convierte en una práctica normalizada, la mayoría de las veces justificada por los trabajadores de la salud mental. El argumento quizá más veces repetido es la falta de recursos. Sin embargo, Naciones Unidas ya ha señalado que la falta de recursos no puede servir como argumento para vulnerar los derechos humanos de las personas. Aceptarlo es deslizarse por la pendiente de la barbarie.
Otro de los argumentos muchas veces repetido es que no existen alternativas. En realidad esta frase solo delata la falta de información y formación que se extiende como una plaga entre los profesionales que la pronuncian. Por supuesto que existen alternativas. En muchos países de nuestro entorno se están llevando a cabo programas y políticas para eliminar las contenciones, con éxito y sin que supongan un mayor uso de medicación, lesiones, suicidios o cualquier otro acontecimiento con los que suelen amenazar aquellos que defienden el uso de las contenciones mecánicas. Nos atreveremos a esbozar tres de las medidas que han tenido éxito en otros países y que a nuestro juicio son fundamentales.
En primer lugar, promover el trato humano y evitar la cultura de la coerción. Puede parecer una obviedad, pero el principal método para no atar a la gente es no querer hacerlo. Esto implica tratar a las personas con respeto y dignidad. No amenazarles. No encerrarles en unidades sin luz solar, con barrotes en las ventanas, con cámaras de videovigilancia, con personal de seguridad. No quitarles sus pertenencias, no someterles a horarios rígidos para cada actividad que tenga lugar en el día (desayuno, aseo, actividades, visitas, comida, llamadas, etc.). Permitirles comunicarse con sus seres queridos cuando lo necesiten. En segundo lugar, establecer un número de personal suficiente y bien preparado. Las personas que trabajan en una unidad de psiquiatría deberían tener una formación específica, saber tratar a las personas, manejar situaciones difíciles y poder lidiar con las emociones propias y de los demás. Necesitan saber qué son los derechos humanos y qué es la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Necesitan saber que atar alguien atenta contra sus derechos fundamentales. Y por último, debe existir un control riguroso de las contenciones que se realizan. Es necesario un registro de acceso público y auditorías regulares. Es necesaria la transparencia en los lugares donde la gente puede recibir abusos. Es necesario que se haga público en qué lugares se ata, a qué personas, qué profesionales y en qué momentos. Qué lesiones se han producido. Qué personas mueren atadas (o asesinadas) en los lugares donde deberían recibir cuidados.
Colectivo Locomún
Artículo aparecido originalmente en la publicación anarquista mensual Todo por Hacer