Asociaciones de afectados denuncian en un manifiesto que la reforma permita el alargamiento indefinido de las medidas de internamiento.
Noticia y fotografía sacadas del periódico Diagonal. Publicado el 6/07/13 .
Publicamos el texto tal y como sale en el periódico. Enmarcamos la noticia en la serie de entradas que ya hemos publicado sobre la reforma del código penal, y señalamos que este intento se produce en un contexto de recortes sanitarios que está pegando de forma especialmente dura en el ámbito de la salud mental. Sin ir más lejos, la fotografía que ilustra el artículo está tomada en el centro de salud mental de Peña Gorbea, situado en el madrileño barrio de Vallecas… pues bien, precisamente es este un texto que conocemos bien, y donde recientemente (a finales de enero) se cerraron de golpe varias consultas, avisando por teléfono a los pacientes e indicándoles que determinados doctores han sido retirados del servicio y que por el momento no se podían dar más indicaciones (, a parte, claro está, de la lógica suspensión de citas queremos agradecer desde aquí la educación y paciencia demostrada por los administrativos, quienes en todo caso tan solo eran los emisarios del tijeretazo y asistían impotentes a la nueva situación). Este hecho produjo un pequeño caos que cada cuál superó como pudo y con sus propios recursos (acudir de nuevo a solicitar un psiquiatra, quedarse durante días sin medicación o ir a urgencias a por ella, afrontar citas con gente que no conoce la historia clínica, etc.), y que suponemos que en el caso de personas más mayores o con poco apoyo social, llegaría a generar serias complicaciones.
El Código Penal aplica la pena al delincuente imputable, aquella persona de la que se demuestra la responsabilidad criminal en un acto. El actual proyecto de reforma presentado en octubre por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, mantiene este principio, pero endurece las medidas llamadas de seguridad que son su equivalente para las personas diagnosticadas con enfermedad mental. Así, posibilita el alargamiento, previo informe psiquiátrico presentado ante el juez, de los regímenes de internamiento y medicación forzosa de este colectivo. Además, incorpora la “libertad vigilada” una vez que se acaba el encierro.
A finales de junio, diferentes asociaciones catalanas de personas con diagnósticos de salud mental han publicado un manifiesto contra el anteproyecto del Código Penal, al que consideran especialmente discriminatorio con los colectivos más vulnerables socialmente, como los migrantes y las personas con un diagnóstico psiquiátrico.
La idea de ser catalogados como sujeto peligroso ha provocado la reacción de estos colectivos de afectados. “Es un reconocimiento de que no todos somos iguales ante la ley”, destaca a DIAGONAL Hernán Sampietro, de la asociación ActivaMent, una de las impulsoras del manifiesto. “Ninguna democracia tiene un sistema judicial que juzgue personas, lo que se juzgan son actos”, insiste.
Una reforma peligrosa
El texto ha sido criticado por la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, que lo considera “peligroso” por la responsabilidad que supondrá para los psiquiatras el emitir informes que juzguen los posibles comportamientos futuros de una persona. En base a estos informes, que según Sampietro atenderán a criterios “judiciales y policiales, no sanitarios”, la privación de libertad y el resto de medidas de seguridad que sustituyen a la pena de cárcel podrán ser emitidas a perpetuidad. Es decir, una persona que haya cometido un delito y haya sido encontrada no imputable podrá ser internada por un periodo más largo del que le correspondería por una pena carcelaria.
Además, toda persona que se encuentre bajo libertad vigilada podrá ser forzada a presentarse de manera regular y periódica ante un médico, psiquiatra o psicólogo. Y lo mismo sucederá con la medicación. Hoy ya se dan ingresos y medicación forzosa, pero duran sólo de una semana a un mes, señala Sampietro, para quien la reforma será difícil de aplicar y tiene un carácter “ideológico”.