Sobre contenciones mecánicas: algunos rápidos y breves apuntes sobre la jurisprudencia del TEDH (II); de Francisco Miguel Fernández Caparrós

El caso Bureš contra República Checa merece especial atención. Al igual que en Wiktorko, una de las cuestiones más controvertidas para declarar la lesión del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) es el tiempo de duración de la contención mecánica. No obstante, antes vamos a repasar los hechos probados [§6 y ss.].

El demandante, Lukáš Bureš, tras haber sido ingresado de forma voluntaria en varios hospitales psiquiátricos italianos, en el momento en que tuvieron lugar los hechos tenía recetado Akineton, un tipo de fármaco que se suele recetar para contrarrestar los efectos de los antipsicóticos. El 9 febrero de 2007, el demandante tuvo una sobredosis involuntaria provocada por ese fármaco, lo que explica que esa noche saliera de su apartamento para comprar algo de comida y, al estar bajo la influencia de la medicación, “no se diera cuenta de que sólo llevaba un suéter, pero no llevaba pantalones ni ropa interior”. Durante el trayecto lo detuvo la policía que, asumiendo que el señor Bureš era drogadicto, llamó al servicio de urgencias. El demandante fue trasladado a un hospital psiquiátrico. En el acta redactada por el personal de la ambulancia se indica “que el demandante estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico y que se encontraba en calma durante el transporte” [§7]. Tras ser examinado en el hospital y constatar que no se había producido ninguna lesión, enviaron al demandante a un “sobering-up centre“, una especie de centro de internamiento temporal de intoxicaciones etílicas agudas (la traducción no es sencilla puesto que en España no tenemos una institución similar). Una vez más, el demandante fue examinado y se confirmó -de nuevo- que no se había producido ninguna lesión.

Sin embargo, un día más tarde, el 10 de febrero de 2007, el demandante fue trasladado a una Unidad de Agudos donde se constató “que, según el registro de ingreso, tenía abrasiones visibles en la parte delantera del cuello, tanto en las muñecas como en los dos tobillos […] y abrasiones de un tipo diferente no especificado en sus rodillas” [§9]. Se quejó de su tratamiento en el centro de desintoxicación ante el personal del centro hospitalario, pero este no tomó ninguna medida. Cinco días más tarde, el señor Bureš fue examinado por un neurólogo que confirmó “que, como consecuencia del uso de correas, sufría de parálisis grave del brazo izquierdo y de parálisis media a grave del brazo derecho” [§10]. Por todo ello, comenzó un tratamiento intensivo en la Unidad de Rehabilitación  que lo mantuvo en el hospital involuntariamente hasta que fue dado de alta el 13 de abril de 2007.

Hasta aquí los hechos probados. Como decía al principio, una de las cuestiones que es objeto de la demanda es el tiempo durante el que se aplicó la sujeción mecánica [§68]. Según el demandante, desde que ingresó en el centro de desintoxicación permaneció atado “a una cama con correas de cuero alrededor de sus muñecas, rodillas y tobillos”. Solo fue liberado a las 6:30 del día siguiente. “Como las correas estaban demasiado apretadas -sigue la sentencia-, le costaba respirar y, como resultado de la insuficiente circulación sanguínea, los nervios de sus brazos se dañaron” [§14]. El Gobierno, por su parte, sostiene que el señor Bureš estuvo atado durante tres periodos: entre las 20:10 y las 22:00, entre las 4:30 y las 5:00 y entre las 6:30 y las 7:30 horas [§15]. Si bien el Alto Tribunal reconoce que “tiene algunas dudas sobre la duración exacta” durante el que se aplica la medida de contención, “procederá al examen del caso sobre la base de la descripción del Gobierno de la duración de los flejes del demandante” [§72].

Según el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), lo determinante en el presente caso es “el uso de las propias sujeciones mecánicas” [§78]. En este sentido, el Alto Tribunal aclara que “no se trata de que el demandante se opusiera a su tratamiento médico”. Lo crucial, teniendo en cuenta la jurisprudencia del TEDH, es que “se le impusieran restricciones y se le impusieran a la fuerza, lo que sólo se permitiría en virtud del artículo 3 del Convenio si su propia conducta lo hiciera estrictamente necesario” [§80]. El TEDH, además, recuerda que en aquellas circunstancias en las que una persona interpone una demanda alegando la lesión del artículo 3 CEDH implica, por parte del Estado, “una investigación exhaustiva y efectiva que permita identificar y castigar a los responsables”. En este sentido, prosigue el Alto Tribunal, “el maltrato intencional de personas que se encuentran bajo la custodia de agentes del Estado no puede ser remediado exclusivamente mediante la concesión de una indemnización a la víctima” [§81].

A continuación, el TEDH realiza una exposición de los principios generales aplicables al caso. Apoyándose en el caso Wiktorko (ya comentado anteriormente), el Tribunal de Estrasburgo admite que “el comportamiento agresivo por parte de un individuo intoxicado puede requerir el recurso al uso de medidas de contención, siempre que, por supuesto, se lleven a cabo controles periódicos del bienestar del individuo inmovilizado”. No obstante, matizaba entonces que la aplicación de tales restricciones debía ser “necesaria en estas circunstancias y su duración no debe ser excesiva” [§86]. En esta ocasión señala que la posición de inferioridad e impotencia en que la que se encuentran las personas internadas en hospitales psiquiátricos “exige una mayor vigilancia a la hora de examinar si se ha cumplido la Convención” [§87].

En este punto, el TEDH sostiene que, dado que tenía reconocida una enfermedad mental y se encontraba en un estado de intoxicación debido a una sobredosis causada por el tratamiento que estaba recibiendo, el señor Bureš “se encontraba en una posición particularmente vulnerable”. Sin embargo, y aunque el demandante se encontraba en todo momento calmado, nada más llegar al centro de desintoxicación fue atado “durante casi dos horas. De nuevo fue contenido de la misma manera durante media hora por la noche a causa de un presunto ataque a un enfermero y, por último, durante cuarenta y cinco minutos, a la mañana siguiente, por ser presuntamente destructivo para su entorno” [§88]. Además, el Alto Tribunal considera también las consecuencias que tuvo la aplicación de la contención mecánica y señala que “un informe pericial encargado por la policía diez meses después del tratamiento concluyó que el demandante había sufrido una parálisis bilateral muy grave de los nervios del codo causada por la compresión de nervios y vasos sanguíneos, que esta lesión seguía limitando su capacidad para tocar el violonchelo” [§89].

No obstante, el TEDH se pregunta si la sujeción mecánica tenía razón de ser en el presente caso y si, además, se llevó a cabo algún tipo de control de la medida. Previsiblemente, el Gobierno había basado la justificación de la medida en tanto estaba en riesgo la propia salud del señor Bureš. Sin embargo, como reprocha el Alto Tribunal, ni el acta del centro de desintoxicación ni los testimonios del personal médico “especifican el alcance ni la existencia del peligro que el demandante se planteaba a sí mismo” [§92].  Lo único que se prueba es que la aplicación de la contención se efectuó por el estado de inquietud en el que se encontraba el demandante. Por eso, el Alto Tribunal se pregunta si “la mera inquietud de un paciente justifica que se le sujete con correas a una cama durante casi dos horas” [§93].

Tanto las normas de derecho interno aplicables al caso como la normativa europea [§42-57] “declaran unánimemente que las restricciones físicas sólo pueden utilizarse excepcionalmente, como último recurso y cuando su aplicación es el único medio disponible para evitar un daño inmediato o inminente al paciente o a otros” [§95]. Por ello el Tribunal de Estrasburgo afirma que el uso de sujeciones mecánicas debe ser siempre justificado por los daños inminente al paciente o al entorno. “La mera inquietud -sostiene- no puede justificar que se ate a una persona a una cama durante casi dos horas” [§96]. En el caso del señor Bureš, además, no se contempló ninguna otra alternativa a la contención, incumpliéndose también la normativa interna.

Ahora bien, ¿qué ocurre en cuanto a la supuesta agresividad alegada también por el Gobierno? El TEDH sostiene que en tal caso ese podría haber sido un motivo suficiente para el justificar el uso de sujeciones. En cambio, en esta ocasión, el Alto Tribunal no está convencido de que “se haya establecido de manera concluyente que el uso de la contención tuviera por objeto evitar nuevos ataques y que se hayan intentado sin éxito otros medios para tratar de calmar al demandante. En este contexto, se considera que es inaceptable utilizar la inmovilización como castigo” [§98]. Por un lado, el TEDH afirma que ninguno de los enfermeros que contuvieron al demandante mencionaron a la policía los supuestos ataques cometidos por aquel; tampoco había detalles de ello en ninguna parte del expediente. El único elemento de fuerza física al que se hace referencia es que “cuando alguno de los miembros del demandante se desató, había empezado inmediatamente a defenderse y a resistirse a que lo ataran de nuevo”. Sin embargo, el TEDH estima que “el recurso a la inmovilización no puede justificarse por el hecho de que una persona se oponga a su aplicación” [§99].

En cuanto al seguimiento de la contención, el TEDH recuerda que la investigación realizada por la propia policía nacional “constató que los controles no se realizaban a intervalos regulares” de tal manera que “las autoridades nacionales incumplieron así su obligación de proteger la salud de las personas privadas de libertad” [§102]. Además, en relación con el registro del uso de contenciones, el Alto Tribunal considera “muy rudimentario” el expediente en el que se realiza el seguimiento de la medida de sujeción en tanto distaba mucho de ser satisfactorio e, incluso, socavó el “establecimiento adecuado de los hechos” y obstaculizó “la investigación penal nacional en el caso” [§105]. Por eso, el TEDH considera que el demandante fue sometido a un trato inhumano y degradante contrario al artículo 3 CEDH.

Por último, en cuanto a la violación del artículo 3 en su aspecto procesal, el Tribunal de Estrasburgo insiste en que los Estados deben establecer mecanismos penales eficaces para proteger los derechos garantizados por el Convenio [§121]. A este respecto, cuando una persona realiza “una afirmación creíble” (a credible assertion) alegando la lesión del artículo 3 CEDH, el Estado tiene el deber de realizar una investigación eficaz y exhaustiva [§122], es decir, que “las autoridades siempre deben hacer un intento serio de averiguar lo ocurrido y no deben basarse en conclusiones precipitadas o mal fundadas para cerrar su investigación o como base de sus decisiones” [§123]. Respecto a la investigación realizada por la policía en el caso del señor Bureš, “de la decisión de la policía se desprende que la razón principal de la conclusión de la investigación fue que consideraban que no se había cometido ningún delito. Esto se establece explícitamente en la decisión del fiscal, que consideró que el tratamiento hacia el demandante se ajustaba a la ley. Sin embargo, esas conclusiones son difícilmente conciliables con la obligación de los Estados de que el ordenamiento jurídico interno ofrezca una protección práctica y efectiva de los derechos garantizados por el artículo 3” [§132]. Por otra parte, respecto a las conclusiones de Fiscalía, el Alto Tribunal se sorprende de que sostenga que el demandante era agresivo y que, además, había sido controlado cada 20 minutos puesto que “carece de todo razonamiento” [§133].

En conclusión, el Alto Tribunal sostiene que tampoco se puede afirmar que la investigación que el Estado llevó a cabo cumpliera con los requisitos establecidos por la jurisprudencia del TEDH, por lo que se produce una violación del artículo 3 tanto en dimensión sustantiva como procesal.

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